Una providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluye que la garantía de imprescriptibilidad opera para asegurar que no haya impunidad en casos de delitos atroces, y para evitar que las decisiones sobre la caducidad de las acciones de responsabilidad operen como un mecanismo “perverso” que incentive la repetición y consolide la impunidad. Dado que la garantía se habilita por la naturaleza de los hechos, y no por la calidad de las víctimas, sus consecuencias, en palabras de la Sala, “se extienden a cualquiera que haya sufrido perjuicios derivados del crimen atroz y no, solamente, a quienes vivieron los hechos de manera directa” (C. P. Alberto Montaña Plata).