Fiscalía deberá reparar a familias de nueve civiles injustamente señalados de colaborar con las Farc

La Fiscalía General de la Nación deberá pagar más de $ 770 millones a las familias de nueve personas que fueron injustamente señaladas de colaborar con las Farc. Adicionalmente, el Consejo de Estado ordenó al ente investigador redactar un comunicado en el que ofrezca excusas a las víctimas y, previo acuerdo con ellas, coordinar si hace público el texto y lo difunde a través de sus canales de comunicación.

La decisión obedece a una demanda que interpusieron los nueve procesados y sus grupos familiares, en ejercicio del medio de control de reparación directa, a través del que buscaban obtener un resarcimiento económico de más de $ 12.300 millones, ya que, a su juicio, su detención, además de injusta, habría causado un daño que no estaban en el deber jurídico de resistir, lo cual conducía a dicha reparación.

De acuerdo con el informe del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), varias personas de los municipios de Gutiérrez, Une y Nazareth (Cundinamarca), entre las que estaban los demandantes, colaboraban con el frente 51 de las Farc, por lo que fueron detenidas el 12 de mayo del 2004 y presentados por el Ejército Nacional ante distintos medios de comunicación como presuntos integrantes de la organización armada.

Recuperaron su libertad el 31 de mayo siguiente, pues no se les decretó medida de aseguramiento y, finalmente, el 5 de abril del 2005 se precluyó la investigación a favor de los procesados.

El alto tribunal concedió las pretensiones. Señaló que el actuar de las demandadas ocasionó un rompimiento legítimo de las cargas públicas que debe soportar cada ciudadano, generando a los demandantes un daño anormal, especial y grave, ya que, al no poderse desvirtuar su presunción de inocencia, no existe ningún título jurídico que pueda justificar, de manera definitiva, la privación provisional de su libertad (M. P. Alberto Montaña Plata).