En principio, la expedición en forma gratuita del certificado de existencia y representación legal por parte de las cámaras de comercio no constituye un daño al patrimonio público, pues deben actuar acatando todos los ordenamientos legales que les permita expedirlos así, precisó la Contraloría General de la República. En este evento, corresponde al operador jurídico en la acción de control fiscal verificar el cumplimiento de todos los requisitos que impliquen el cumplimiento de los mandatos legales. La destinación y utilización de los recursos públicos debe responder a los parámetros y criterios previstos en la normativa, ya que en este caso no opera la libre decisión para reconocer derechos o beneficios superiores o diferentes o atribuirles efectos que no están señalados, como sí lo podría hacer un particular con sus recursos propios o privados.