Según la Ley 42 de 1993 y el Decreto Ley 267 del 2000, los particulares y las fundaciones mixtas que administran recursos públicos son sujetos de control, independientemente de la cuantía. Así lo recordó la Contraloría General al responder una consulta de una corporación que estimó que la auditoría que le fue realizada no era legal, porque el patrimonio de carácter público que maneja es mínimo. Señaló además que la condición de sujeto de control es independiente de la naturaleza jurídica, pública, mixta o privada que estatutariamente pueda tener una corporación, pues depende de la administración de recursos públicos.