El Consejo de Estado reiteró que tiene reserva legal todo lo relacionado con el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, por lo que la competencia para fijarlo reside en forma exclusiva e indelegable en el Gobierno Nacional, atendiendo el marco general dispuesto por el Congreso. En palabras de la Sala, “mal podría entonces, una corporación territorial o un organismo descentralizado por servicios, arrogarse tal competencia, ya que tal situación atentaría de manera flagrante contra el principio de legalidad, imperante dentro de nuestro Estado de derecho” (C. P. Sandra Ibarra).