La Corte Constitucional declaró fundada la objeción gubernamental por inconstitucionalidad del proyecto de ley 113/16C-257/17S, que buscaba la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. En tal sentido, declaró inconstitucional la totalidad de la iniciativa, por violación al derecho fundamental de consulta previa, y ordenó su archivo. A través de un comunicado de prensa, la Corporación explicó que aprobar un proyecto de ley para caracterizar integralmente a dicha población sin haberse surtido el mecanismo de consulta previa con estos pueblos desconoce los compromisos del Estado colombiano. Así las cosas, concluyó que el deber de consultar se activa con independencia del carácter benéfico de la medida. También agregó que las “buenas intenciones” no son suficientes en este campo, pues abren la compuerta hacia un paternalismo cultural que no es compatible con la filosofía pluralista que orienta la Carta Política. La magistrada Diana Fajardo Rivera salvó parcialmente el voto, su homólogo Alejandro Linares Cantillo lo aclaró y los funcionarios Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones (M. P. Diana Fajardo Rivera).