El Consejo de Estado aclaró que el método adecuado para abordar el estudio de responsabilidad en estos casos debe identificar los siguientes criterios: la existencia del daño antijurídico y el análisis de legalidad de la medida, así como la existencia de un daño especial. Verificada la imposición de la medida de aseguramiento y su permanencia en el curso del proceso penal, deben estudiarse las razones por las cuales la persona fue absuelta, si se tiene que la medida restrictiva de la libertad y si su duración en el tiempo fue legal, justificada y proporcionada. Finalmente, se definirá quién es el llamado a responder patrimonialmente (identificación de la entidad a quien se le imputa el daño), si existe una causal exonerativa por culpa de la víctima, así como la determinación de los perjuicios y su reparación (C. P. Ramiro Pazos Guerrero).