Los actos que realicen las autoridades castrenses con la finalidad de reclutar jóvenes para prestar servicio militar deben garantizar el debido proceso en el trámite administrativo (Ley 48 de 1993, Decreto 2048 de 1993 y Sentencia C-879 del 2011), así lo advirtió la Sala Civil de la Corte Suprema al amparar el derecho al debido proceso de un joven incorporado mediante retención ilegal sin tener en cuenta que sufre de una enfermedad progresiva, la cual lo exime de cumplir con esa obligación legal. En este contexto, le ordenó al Ejército Nacional proceder a la desincorporación de las filas del Ejército del accionante (M. P. Ariel Salazar Ramírez).