Aunque la facultad de advertir es exclusiva de la Contraloría General de la República, algunas contralorías territoriales, a través de acuerdos y ordenanzas, la han consagrado como una de sus funciones. Tal es el caso de la Contraloría de Bogotá. El objeto de dicha facultad es indicarle a la administración los riesgos detectados por el organismo de control fiscal, en procesos anómalos u operaciones en ejecución, para que esta tome las medidas pertinentes y evite el menoscabo de los dineros públicos.