Con el propósito de corroborar si las entidades territoriales manejan correctamente los recursos públicos del orden nacional, territorial o de cooperación internacional destinados a la atención integral de la población desplazada por la violencia, la Contraloría General de la República adoptó el programa de auditoría para la vigilancia especial de tales recursos. La iniciativa también permitirá atender los requerimientos de información ordenados por la Corte Constitucional y entregar informes técnicos a los órganos encargados del control político de los gobernantes, explica la Resolución 6097, vigente desde el pasado 29 de diciembre.