Con ocasión de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las AUC, un exdirector de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL) emitió la orden de servicio a través de la cual dispuso el fortalecimiento de la acción institucional en la zona de Santa Fe de Ralito (Córdoba). En dicha labor, se obtuvieron grabaciones de varias llamadas telefónicas que se realizaron en dicho lugar y la cárcel de Itagüí, en las que figuraban como interlocutores varios integrantes del grupo armado ilegal y funcionarios del Gobierno, las cuales fueron filtradas a los medios de comunicación y publicadas. Por estos hechos, la Procuraduría sancionó al citado funcionario con destitución e inhabilidad de 16 años y la determinación fue avalada por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, porque se configuró la falta al permitir el acceso a personas no autorizadas a información oficial contenida en equipos estatales de informática (C. P. William Hernández Gómez).