Un auto de ponente del consejero Guillermo Vargas Ayala remitió por competencia a la Corte Constitucional una acción de nulidad presentada por la senadora Paloma Valencia Laserna en contra del Decreto 1391 del 2016, que convoca para el próximo 2 de octubre el plebiscito que busca refrendar el acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc. Si bien de forma general corresponde al Consejo de Estado el control de leyes, decretos con fuerza de ley y reformas constitucionales, el despacho señaló que el espectro de competencias de la Corte Constitucional es bastante más amplio. De esta manera, pese a tratarse de actos jurídicos proferidos por entes administrativos, por tratarse de manifestaciones emitidas en ejercicio de funciones políticas y no administrativas, su control no incumbe al contencioso administrativo, sino a la Corte Constitucional, afirma la providencia. Lo anterior por ser el ente constitucionalmente encargado de fiscalizar la conformidad con el orden superior de esta clase de determinaciones esenciales para el funcionamiento del sistema político y democrático nacional (C.P. Guillermo Vargas Ayala).