El Consejo de Estado condenó a la Nación (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional) a reparar con el pago de casi $ 270 millones a los familiares de un soldado campesino que murió como consecuencia de un disparo que recibió de manos de un dragoneante que pertenecía al mismo batallón en el que la víctima prestó su servicio militar obligatorio. El soldado falleció a finales del 2009, en zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar). Ahora bien, la Sección Tercera determinó que no se probó que el uniformado muerto hubiera tratando de disparar contra otras personas antes de ser impactado y la trayectoria de los disparos que recibió tampoco permite corroborar que los hubiere amenazado con su fusil de dotación. Aunque para la Sala no es posible establecer las circunstancias precisas de este desenlace, el hecho de que el soldado hubiese muerto en ejercicio de la prestación del servicio militar obligatorio da lugar a que las entidades demandadas reparen el daño causado (C. P. María Marín).