El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagarle cerca de $ 272 millones a los familiares de un recolector de café que fue detenido por pertenecer a la antigua guerrilla de las Farc sin que existieran pruebas de su pertenencia a ese grupo subversivo. Y es que el demandante permaneció privado de su libertad, entre el 6 de septiembre y el 10 de diciembre del 2003, por orden de la Fiscalía 51 Especializada de Medellín, que lo sindicaba de cometer los delitos de rebelión, concierto para delinquir con fines de secuestro, extorsión, actos terroristas y homicidio agravado, lo cual condujo a su detención, en desarrollo de la operación Everest, que adelantó la Policía Nacional en Urrao (Antioquia) (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).