El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagarle más de $ 348 millones a la familia de un ciudadano que fue detenido injustamente durante el desarrollo de la llamada ‘Operación Orión’, adelantada por la Policía y el Ejército en Medellín (Antioquia), en el 2002, para recuperar la zona de la Comuna 13. Esta persona había sido acusada del delito de concierto para delinquir con fines terroristas, con base en testimonios que lo señalaban de ser comandante de la entonces guerrilla de las Farc, motivo por el cual interpuso una demanda de reparación directa que fue resuelta a su favor en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, decisión que fue ratificada por la Sección Tercera, tras declararse a la Fiscalía como la entidad administrativamente responsable del daño causado al demandante, por haber sido privado de su libertad de manera injusta. La providencia concluye que no había pruebas suficientes que justificaran la captura y posterior imposición de la medida de aseguramiento (C. P. Guillermo Sánchez).