Una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró un reciente pronunciamiento judicial en cuanto al análisis de los derechos de los grupos indígenas y comunidades negras, en razón a la preferencia que ostentan frente al Estado a la hora de otorgárseles contratos de concesión y títulos mineros. Al respecto, según el concepto de la sección, dentro del ámbito convencional, constitucional y legal este derecho de preferencia se constituye como un instrumento jurídico y protector de los intereses de los grupos indígenas y las comunidades negras, que garantiza el pluralismo judicial, cultural, la protección y conservación del medio ambiente y la autonomía de estas comunidades “que demandan especial protección por parte del Estado colombiano” (C.P. Jaime Orlando Santofimio).