La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que la Ley 226 de 1995 regula en términos generales las competencias, procedimientos y responsabilidades para llevar a cabo la enajenación de la participación accionaria del Estado. Según el concepto de esta corporación, a través de estas disposiciones normativas se busca garantizar un ofrecimiento preferente a los trabajadores y a las organizaciones solidarias y de los trabajadores. Además, asegurar la existencia de condiciones especiales favorables para que estos puedan accionar a dicha propiedad. Como mecanismo para asegurar los propósitos perseguidos por la ley, así como los principios que guían el procedimiento de enajenación (democratización, preferencia, protección del patrimonio público y continuidad del servicio), el alto tribunal explicó que el artículo 17 de la norma indicada establece expresamente la obligación de los entes descentralizados de obtener la autorización respectiva para llevar a cabo la enajenación de su participación accionaria. Conozca estas y otras apreciaciones sobre la enajenación de la propiedad accionaria de sociedades domiciliadas en el exterior en el documento adjunto (C. P. Édgar González López).