Antes de la derogación que el Decreto Ley 902 del 2017 realizara sobre el artículo 50 de la Ley 160 de 1994, contra las resoluciones proferidas por el Incoder que decidieran de fondo los procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos era procedente la acción de revisión ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, en única instancia. Según esa corporación, el referido medio de control tenía por objeto la verificación y validación de que la entidad administrativa hubiera ejercido sus competencias dentro del marco legal y con apego a los procedimientos establecidos en la Ley 160 y el Decreto 2664 de 1994. En el documento adjunto, el alto tribunal recuerda la conceptualización del procedimiento de delimitación de los baldíos (C. P. María Adriana Marín).