Las universidades del Estado no hacen parte de la administración central o descentralizada ni son organismos supeditados al poder Ejecutivo, debido a su carácter de entes autónomos y a la necesidad de preservar su esencia, precisó el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así las cosas, no pueden ser consideradas como entidades gubernamentales del orden nacional, para efectos de la aplicación de la Ley 872 del 2003, por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva.