La suscripción de un acuerdo de reestructuración implica la dificultad económica de la empresa para cumplir con el pago de sus obligaciones, explicó el Consejo de Estado. Según la corporación, el hecho de suscribir el acuerdo constituye causal para suspender la facultad concedida para efectuar autorretenciones. Por esta razón, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales toma esta decisión no es necesario que lleve a cabo una investigación para determinar la situación económica de la sociedad, porque la función de la administración es velar para que el erario público reciba en su oportunidad los dineros (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).