En adelante, las tarifas para la prestación del servicio público de transporte por cable con fines turísticos estarán sometidas al régimen de libertad vigilada, es decir, los prestadores las fijarán libremente, pero quedan obligados a difundirlas ampliamente y a reportarles a las autoridades competentes su estructura de costos, dispuso el Ministerio de Transporte. Adicionalmente, señala la Resolución 1805 del 10 de junio, tales empresas deberán garantizar el acceso de todos los habitantes a ese sistema y establecer facilidades económicas para las personas de bajos recursos.