La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que cuando se produce la exoneración del sindicado mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma o, en la opinión mayoritaria de la Sala, por virtud del in dubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues de hallarse inmerso en alguna de tales causales ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga (C. P. Carlos Alberto Zambrano).