De acuerdo con el Consejo de Estado, basta probar que a una persona le fue impuesta una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, si este culminó con una decisión favorable a su inocencia y, además, se le causó un perjuicio con ocasión de la detención, para declarar la responsabilidad estatal. El alto tribunal reiteró que los ciudadanos no tienen el deber jurídico de soportar los daños sufridos con la privación de su libertad en una investigación penal cuando no han cometido ningún delito. En efecto, si el Estado no desvirtúa finalmente la presunción de inocencia, debe responder patrimonialmente por los perjuicios causados, indicó la sentencia (C. P. Ramiro Pazos).