La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Rama Judicial por los perjuicios causados a un automotor durante el periodo que estuvo a disposición de la Fiscalía, luego de que su propietario fuese vinculado a una investigación penal por el delito de secuestro. La Sala evidenció que hubo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, materializado por el incumplimiento de los deberes legales respecto de la incautación de vehículos en una investigación penal. Lo anterior en tanto, de un lado, propició a que se mantuviera retenido el vehículo de forma irregular y, de otro, retrasó su entrega hasta el punto de permitir que se deteriorara hasta quedar inservible (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).