Aceptar que la sola denuncia justifica la detención de un individuo en un centro carcelario implicaría desconocer la regla general constitucional según la cual toda detención debe hacerse previa orden judicial que así lo disponga. Así lo advirtió la Sección Tercera del Consejo de Estado, luego de hacer ver que también conllevaría a aceptar que cualquier denuncia penal habilita, como si fuere una orden judicial, a que el Estado prive de la libertad a las personas. Por consiguiente, cuando se comprueba que la privación no responde a ninguna situación de apremio que hubiere justificado omitir ese deber, el Estado puede llegar a responder por los perjuicios materiales e inmateriales causados por las autoridades de Policía (C. P. Ramiro Pazos).