La personería delegada para asuntos disciplinarios, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos a María Consuelo Ahumada Beltrán, exsecretaria de Integración Social de Bogotá, por haber declarado urgencia manifiesta para contratar directamente sin que se dieran las circunstancias ni los requisitos para utilizar dicha figura excepcional. El 15 de mayo del 2012, la funcionaria declaró urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio de protección a personas adultas con discapacidad cognitiva moderada y severa y luego, amparada en el acto administrativo, suscribió directamente dos contratos. Según el ente de control, la administración conocía con anterioridad las necesidades de la población adulta, por lo que no existía un hecho imprevisible o excepcional.