Un fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluye que cuando una corporación judicial rechaza una acción de tutela y omite remitirla a la Corte Constitucional para su eventual revisión genera un daño antijurídico y debe ser  indemnizado, el cual tiene como parámetro de indemnización los 10 salarios mínimos, en los términos que ha fijado la jurisprudencia. El anterior delineamiento, pese a ser imperativo, fue desconocido por parte del Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, pues no tramitaron la tutela promovida por un ciudadano y la remitieron, por competencia, a la Corte Suprema de Justicia para que fuera nuevamente inadmitida, situación que, una vez más, imposibilitó una eventual revisión y perpetró la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, con sus correlativos de protección judicial efectiva y debido proceso (C. P. Stella Conto).