Un fallo reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado explica que el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados es un daño inmaterial autónomo que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario y, en tal virtud, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen efectos expansivos y universales. Lo anterior  toda vez que no solamente están destinadas a tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar cercano, sino a todos los afectados, e inciden más allá de las fronteras del proceso a la sociedad en su conjunto y al Estado (C. P. Ramiro Pazos).