La Ley 80 de 1993 establece que las entidades dedicadas a las actividades de exploración y explotación de recursos naturales se rigen por la legislación especial aplicable, esto es, la Ley 685 del 2011 (Código de Minas). Según esta ley, puede declararse la caducidad del contrato de concesión minera por la no realización de los trabajos y obras, el incumplimiento grave y reiterado de las regulación técnicas y por el no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas. Igualmente, el legislador estableció un procedimiento especial para declarar la caducidad, según el cual el auto que informa de la existencia de alguna causal para declarar el siniestro puede ser notificado por edicto, sin que se incurra en una violación al debido proceso, tal como lo reafirmó la Sección Tercera del Consejo de Estado (C. P. Marta Velásquez).