Recientemente, el Consejo de Estado explicó que el procedimiento de cobro coactivo constituye una potestad legal que obedece a la necesidad de recaudar de manera expedita los recursos económicos que legalmente le corresponden y que son indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las entidades del Estado. Así mismo, precisó que el acto administrativo que decreta el embargo de los bienes del ejecutado en el proceso de cobro coactivo es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C. P. Marta Nubia Velásquez).