La Sección Tercera del Consejo de Estado, resolviendo un recurso de apelación de una acción de reparación directa, señaló que la fuerza pública debe desplegarse dentro de los precisos linderos del marco constitucional y sobre la base que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona, pues sus agentes, en el marco del respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales, en especial la vida, solo pueden utilizar la fuerza cuando ello sea estrictamente necesario y con el objeto de asegurar la captura del infractor del orden jurídico. Así las cosas, concluyó que tanto los policías como los militares  deben escoger, dentro de los medios eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes, “de manera que el uso de las armas de fuego debe ser la última opción” (C. P. Jaime Orlando Santofimio).