El procedimiento administrativo iniciado por la inspección departamental de rentas de un municipio, con ocasión del cual se aprehendió una mercancía que se encontraba en una bodega de propiedad de un comerciante sobre quien existía la especulación de haber incurrido en una defraudación a las rentas fue a juicio del Consejo de Estado, un procedimiento adelantado de manera irregular, ilegal e imprudente. Para la corporación, la práctica del allanamiento y registro por parte de un funcionario competente requiere de la existencia de una denuncia o de pruebas que indiquen que dentro de un establecimiento existen elementos que puedan constituir fraude a las rentas. En el presente caso no existió denuncia ni prueba alguna que justificara el allanamiento, dado que todo el procedimiento se inició en una mera especulación, situación que la víctima no estaba en la obligación de soportar, por lo que, en esa medida, para el alto tribunal da lugar a disponer la indemnización de los perjuicios ocasionados (C.P. Hernán Andrade Rincón).