La Sección Tercera del Consejo de Estado precisó que quien desconoce una orden de detención preventiva legalmente amparada y luego pretende la reparación por esa causa alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, comportamiento que atenta contra el principio de buena fe. Por eso negó las pretensiones indemnizatorias de un ciudadano que, aduciendo el título de imputación de error jurisdiccional, acudió a la acción de reparación directa para reprochar la medida impuesta en su contra durante la investigación penal por el delito de secuestro, la cual, si bien nunca fue materializada debido a que evadió la restricción de su libertad, fue, finalmente, retirada luego de que se declarara la preclusión de la investigación (C. P. Ramiro Pazos).