Un fallo reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado explica que las declaraciones extrajuicio recibidas fuera del proceso de reparación directa requieren de ratificación judicial, para que puedan ser valoradas. En el caso concreto (privación injusta de la libertad) se encontró que la actuación de la Fiscalía General de la Nación fue abiertamente arbitraria, porque impuso la medida de aseguramiento contra un ciudadano sin los requisitos legales y probatorios de la ley de procedimiento penal vigente para la época de los hechos (C. P. Guillermo Sánchez Luque).