La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable al departamento de Cundinamarca por el daño causado a la honra y buen nombre de la exsecretaria de educación de esa entidad territorial (periodo 2001 – 2003), como consecuencia de las declaraciones rendidas por el gobernador de entonces a los medios de comunicación sobre unos supuestos pagos irregulares durante la gestión de la demandante, los cuales fueron, finalmente, desvirtuados. Precisamente, la corporación encontró configurada la falla del servicio, pues la revelación no estuvo precedida de una auditoría o investigación de una autoridad competente y, de hecho, las indagaciones sobre la posible responsabilidad fiscal de la actora solo fueron iniciadas con posterioridad a la difusión de la información errada. Todo lo anterior condujo a que la Sala evidenciara que los cuestionamientos no estaban fundados en pruebas o decisiones administrativas o judiciales, comportamiento que abrió paso a la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias (C. P. Marta Nubia Velásquez).