¿Cuál será el papel del Consejo de Estado en una etapa de posconflicto?

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, presenta a la comunidad jurídica las medidas que se están preparando y otras que ya están en curso que buscan la solución efectiva de la congestión judicial en la justicia administrativa.

 

Además, el alto dignatario conversó sobre los avances que se han tenido en materia de rendición de cuentas y su balance de gestión, así como los retos pendientes para este segundo de semestre al frente del alto tribunal.  

 

ÁMBITO JURÍDICO: A raíz de la congestión judicial que afecta a la justicia administrativa, en especial a la Sección Tercera, ¿Cuáles son las medidas que buscan solución efectiva a esta problemática?

 

Danilo Rojas Betancourth: La primera es una medida semejante a la instituida para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, consistente en la creación de unos cargos de consejeros de Estado para ejecutar un plan de choque en la Sección Tercera, la más atrasada de las secciones que integran el Consejo de Estado, con más de 15.000 procesos por evacuar; lo que no obsta para que se piense en una medida semejante para las otras secciones que tienen, si no una congestión igual, bastante parecida en términos cuantitativos y porcentuales.

 

Otra medida normativa es una solicitud de prórroga del artículo 304 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que estableció un plan especial de descongestión de nuestra jurisdicción, pues venció al inicio de este año y el objetivo se cumplió en buena medida en juzgados y tribunales, pero no en el Consejo de Estado, a donde llegan los procesos resueltos en primera instancia.

 

Una tercera medida es una reforma al reglamento de la corporación, pues se debe pensar en una revisión y redistribución interna de las cargas de trabajo.

 

La cuarta está en plena ejecución, en la medida en que se aspira que con el proyecto Cultura de legalidad y seguridad jurídica en las regiones, la demanda contenciosa disminuya. Ojalá la universidad, en general, nos ayude a monitorear y verificar esta hipótesis.

 

También está en ejecución una medida que se estableció en el CPACA y que pretende que la administración, de oficio o a petición de parte, extienda los efectos de las sentencias de unificación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Falta, sin embargo, una mayor consciencia de las bondades de esta nueva institución.

 

Á.J.: ¿Cuáles son los temas en materia administrativa que más desconocen los funcionarios y que han repercutido en la congestión judicial?

 

D.R.B.: Esa es una pregunta interesante. Nosotros hemos ido encontrando esos temas casi por inducción. No se nos ocurrió que esos temas eran los más importantes, sino que hemos visto que los propios tribunales que han estado fallando los casos más habituales inmediatamente muestran una estadística; por ejemplo, los temas de mora en el pago de cesantías son muy recurrentes en las presentaciones de los magistrados de los tribunales y, en consecuencia, es uno de los temas más problemáticos que está atendiendo la jurisdicción.

 

Otro tema es el contrato realidad y en general los temas de carácter laboral, parecen ser los temas que mayor impacto tienen sobre las administraciones. Hay algún otro tema menos recurrente pero importante, que es la creación de impuestos sin sustento, se crean impuesto raros, yo digo impuestos ‘pro algo’, cuando hay un principio de reserva para la creación de impuestos muy fuertes, y esa parece ser una problemática recurrente. Por supuesto, yo no dejo por fuera nunca el tema de los contratos. Creo que en la contratación estatal que cuesta tanto a las administraciones locales sigue habiendo problemas en la escogencia, en la planeación, en la ejecución de los contratos y eso es fuente de conflictos.

 

Por último, aunque en esta fase cada vez vemos, comparado con los otros, están los casos de violaciones a los derechos humanos, aunque persisten temas como las detenciones ilegales, pero, en general, hay una reducción cada vez mayor, por fortuna, que se explica también por la ausencia de conflicto, porque uno podría hacer una comparación con el momento más fuerte entre los años noventa y 2.000 con una reducción significativa en la actualidad, que no hay una guerra tan fuerte como la que hubo.

 

Á.J.: Existe una  iniciativa legislativa para reformar la acción de repetición ¿qué opinión le merece que dicho medio deba ejercitarse por el representante legal de la entidad condenada dentro de los seis meses siguientes?

 

D.R.B.: La repetición es una acción útil no solo para recuperar los dineros pagados con ocasión de condenas al Estado por un actuar doloso o gravemente culposo de uno de sus servidores, sino que también está llamada a constituirse en un importante instrumento para evitar condenas, pues si hay algo que teme cualquier persona, incluido un funcionario público, es a que su patrimonio se vea afectado.

 

Además, no hay que olvidar que, cuando sea el caso, el patrimonio se puede perseguir aun después de la muerte del funcionario, como en efecto ha ocurrido. En ese contexto, la forma como deba ejercitarse la acción de repetición puede tener distintas vías y no veo objeción alguna a la propuesta. Lo importante es que, en efecto, se haga y bien, pues en muchos casos la repetición se adelanta sin los requerimientos legales, lo que de entrada está llamado al fracaso.

 

Á.J.: ¿Cuál ha sido el balance y cuáles son los retos que le quedan para este segundo semestre de gobierno?

 

D.R.B.: Quisiera destacar la construcción y ejecución con buen éxito del programa cultural de seguridad jurídica, que es mi programa bandera; segundo, la creación de una serie de comisiones de trabajo en la corporación para dinamizar ciertos temas, algunas ya creadas pero formalizadas a través de resolución; por ejemplo, la Comisión de Género, la Comisión Legislativa, la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, que ha tenido grandes logros en el Consejo de Estado, la Comisión del Bicentenario, la Comisión de Reglamento, son ocho comisiones.

 

Por otro lado, quisiera en este segundo trimestre enfatizar el tema de la relatoría, que está en el programa de gobierno pero que necesita un empujón importante. La relatoría en las corporaciones y concretamente en el Consejo de Estado tiene una buena infraestructura pero necesita un rediseño y un impulso a las funciones mejor del que se tiene para optimizar los resultados. La relatoría finalmente es el centro de difusión de la jurisprudencia del Consejo de Estado.     

  

Á.J.: Con el propósito de mejorar el sistema de relatoría de la corporación ¿qué cambios vendrían?

 

D.R.B.: Pretendemos dar una reorientación a la manera cómo el usuario puede hacer uso de esa jurisprudencia. Darle mayor celeridad primero a la publicidad de las decisiones y, segundo, mejores argumentos de búsqueda para que el ciudadano pueda encontrar el caso con distintos argumentos. Así, quisiéramos mejorar la forma de titulación de las providencias, por ejemplo, deberíamos tener distintas bases de datos integradas, una base de datos típica y una base datos con relación a las tesis defendidas en cada uno de los fallos. 

 

Pero también una base de datos de problemas jurídicos, que es un argumento de búsqueda que suele ser utilizado; y quisiera complementar una base de datos de casos, hay personas que solicitan y preguntan por casos, pero es otro argumento de búsqueda.

 

Á.J.: De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son los planes en materia de comunicaciones que se estudian para una mayor difusión de las actividades de la jurisdicción?

 

D.R.B.: Quisiera avanzar un poco con el programa de gobierno y es con una propuesta de canal de televisión para la Rama Judicial, ya he hablado con el Ministro de las TIC las posibilidades  y nosotros vemos que es una necesidad. Eso lo tuvo la rama en algún tiempo y por alguna razón no siguió.

 

Á.J.: ¿Sobre la Comisión de evaluación de magistrados y jueces, cuáles son sus comentarios?

 

D.R.B.: Hay grandes problemas y quejas sobre el formato que el Consejo Superior de la Judicatura tiene para la evaluación de magistrados, por tanto, queremos trabajar mancomunadamente en este tema.

 

D.R.B.: Finalmente, frente a una eventual firma de los tratados de paz ¿Cuál será el papel del Consejo de Estado en una etapa de posconflicto?

 

D.R.B.: El Consejo de Estado viene desde ya desempeñando un papel relevante para contribuir al posconflicto. Muchas de las decisiones que toma, en especial en la Sección Tercera, en la medida en que se refieren al conflicto armado, aportan al posconflicto, pues las sentencias en sí mismas son una forma de reparación. Pero además de la indemnización que allí se dispone, queda una narrativa acerca de lo que ocurrió en un vector de la guerra.

 

Por ello, tales providencias están enviándose al Centro de Memoria Histórica para que contribuyan, en general, con el derecho a la verdad de lo acontecido, aspecto central de cualquier posconflicto.

 

Por último, hay que recordar que esta jurisdicción, compuesta por los juzgados administrativos, los tribunales de lo contencioso administrativo  y el Consejo de Estado a la cabeza tienen como principal función juzgar a la administración pública, y como hay que imaginar que parte del posconflicto exige una reinstitucionalización, dicho ejercicio no debe perder de vista quiénes son los jueces de la institucionalidad.