La Sección Tercera declaró la indebida escogencia de la acción en un proceso en el que se pretendía, por la vía de la acción de reparación directa, la indemnización de los perjuicios causados con la adopción de un plan de expansión urbana que dio lugar a la pérdida del uso, goce y disfrute de un bien inmueble. En efecto, si bien en el recurso de apelación la demandante intentó demostrar la viabilidad del proceso seleccionado, alegando que su inconformidad radicaba en los efectos nocivos que produjo un acto legal, el alto tribunal resaltó que lo procedente era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por haberse afirmado en la demanda que la manifestación de la Administración era abiertamente ilegal e inconstitucional. Por eso hizo ver que la fundamentación de la solicitud, en lugar de demostrar la existencia de una violación normativa, tenía que dirigirse a acreditar que la ejecución del acto administrativo le había generado un daño particular, injustificado y grave que no estaba obligada a soportar. Así, el debate jurídico se hubiese podido centrar en cuáles eran las cargas que los propietarios urbanos debían soportar, para determinar si se materializaba un daño antijurídico indemnizable (C. P. Martín Bermúdez).