Pagos irregulares de depósitos judiciales, cuentas inactivas y depósitos judiciales duplicados son algunos de los 23 hallazgos detectados por la Contraloría General de la República (CGR), en una auditoría al manejo y administración de tales recursos, que involucra al Consejo Superior de la Judicatura y al Banco Agrario de Colombia, entre otras entidades. El Consejo, que tiene las funciones de regular, asesorar y controlar los depósitos, no dispone de un proceso que consolide, registre y actualice la operación de los mismos. Así mismo, desconoce los títulos judiciales que tiene a su cargo y, por ello, debe atenerse a la información que le entrega el Banco Agrario, señala uno de los apartes del informe. Varios hallazgos tendrían consecuencias de tipo disciplinario y fiscal. En este último caso, habría un presunto detrimento patrimonial por más $ 3.000 millones.