Sobre la indemnización por supresión del cargo, el Consejo de Estado recordó que desarrolla los principios de justicia y equidad en la medida en que constituye un mecanismo eficaz para resarcir al trabajador por el daño sufrido como causa de la supresión del cargo que venía ocupando, siendo que aquél tenía derechos adquiridos a la estabilidad laboral y al reconocimiento del mérito. Lo anterior, agrega el fallo, en tanto el Estado tiene el deber de reparar el daño incluso cuando este sea legítimo, es decir, cuando se causa como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, del traslado de funciones de una entidad a otra o de la modificación de una planta de personal (C. P. William Hernández Gómez).