A través de una acción de tutela, el Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle negó una reparación directa a la familia de un soldado del Ejército que fue privado de su libertad y posteriormente absuelto en un caso de hurto. El agente castrense permaneció detenido entre el 16 de septiembre del 2004 y el 5 de febrero del 2005 y, posteriormente, entre el 19 de abril y el 29 de junio del 2012, dentro del proceso que la Justicia Penal Militar adelantó en su contra por el delito de hurto de material de guerra. Así las cosas, la alta corte dejó sin efectos la sentencia que negó la demanda de reparación directa. Esto implica que el Tribunal Administrativo del Valle debe examinar, nuevamente, si procede o no la reparación económica, pero esta vez teniendo en cuenta el acta de apertura de instrucción del proceso penal, la diligencia de indagatoria, su ampliación y el auto que definió la situación jurídica del procesado, elementos que no fueron tenidos en cuenta en la decisión que fue objeto de esta acción de tutela (C.P. Milton Chaves García).