El auditor general de la República, Iván Darío Gómez, presentó ayer los resultados del informe de auditoría a la contratación pública, que analizó 852.143 contratos suscritos entre noviembre del 2009 y febrero del 2011. Algunas de las conclusiones son las siguientes: $ 26 billones en contratación se encuentran hoy en grave riesgo; los ordenadores de gasto manejan a su arbitrio, liberalidad y ligereza las contrataciones; se elude la aplicación de la Ley 80 de 1993 y la selección objetiva; es evidente la generalización de la contratación directa como mecanismo de selección; son elevados los contratos de prestación de servicios con personas naturales, lo que evidencia la posible existencia de nóminas paralelas; se masificaron los pactos de anticipo en los contratos y están en riesgo $ 4,4 billones; es recurrente la contratación con asociaciones, corporaciones, fundaciones, universidades y cooperativas, que, en muchos casos, son contratadas para asuntos que no se relacionan con su naturaleza, las cuales terminan subcontratando la ejecución de los mismos; en varios departamentos, un solo funcionario supervisa 121 contratos, en promedio, y son escasos los resultados de la contralorías territoriales frente a los procesos de responsabilidad fiscal.