Un ciudadano, coadyuvado por varios abogados, presentó recientemente una acción de tutela en contra de la Convocatoria 27, que busca proveer cargos de jueces y magistrados de tribunales en todo el país. Manifestó que presentó la prueba de conocimiento y que durante su desarrollo advirtió que a partir de la pregunta 85 se cambió la identificación de las opciones de respuesta de números (pregunta tipo 2) a letras (pregunta tipo 1), sin que en el cuadernillo se hubiese enunciado de manera clara dicha variación. En su concepto, esta situación generó confusión y dio lugar a interpretaciones y suposiciones que no deben darse en este tipo de pruebas. La Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que los accionantes no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable que permita flexibilizar la exigencia del requisito de subsidiariedad de la tutela, “mucho más cuando les asiste otro medio de defensa judicial que resulta idóneo para proteger los derechos fundamentales presuntamente vulnerados”. En consecuencia, se rechazó la acción en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia (C. P. William Hernández).