Por medio del Decreto 3525 del 2004, el Gobierno autorizó al Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) y a la Administración Postal Nacional (Adpostal) para que participaran en una nueva entidad que se crearía, cuyo objeto sería la programación, producción y operación de la red de radio y televisión pública. El Consejo de Estado indicó que así como era posible la autorización de Inravisión, también se podía autorizar a Adpostal, siempre y cuando esta última participara en entidades que desarrollaran actividades afines o complementarias a las propias. En esa medida, concluyó que el objeto de la nueva entidad no era afín a la prestación y explotación económica de los servicios postales y declaró la nulidad del decreto, pues desconocía el artículo 49 de la Ley 489 de 1998 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno).