Según la Sección Tercera del Consejo de Estado, las “falsas e ilegales acciones so pretexto del cumplimiento de los mandatos constitucionales” ejecutadas por miembros de las fuerzas militares, como acción sistemática, constituyen actos de lesa humanidad que comprometen al Estado y que violan el sistema de derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el orden constitucional interno. Para la corporación, lo anterior se traduce en que hay responsabilidad estatal en la medida en que a la administración pública le es imputable al tener una “posición de garante institucional”, de la que derivan los deberes jurídicos de protección, consistentes en la precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado (C. P. Jaime Orlando Santofimio).