Contraloría General desaprobó gestión fiscal del Consejo Superior de la Judicatura

 

Al realizar la acostumbrada auditoria anual, la Contraloría General de la República (CGR) rajó la gestión fiscal del Consejo Superior de la Judicatura como ejecutor de los recursos asignados a la Rama Judicial, argumentando, por ejemplo, que aunque se invirtieron recursos por $ 2,3 billones para descongestión judicial, para el periodo de 2010-2015 las metas establecidas no se cumplieron.

 

“Estos $ 2,3 billones constituyen el 17,10 % del presupuesto ejecutado por la Rama Judicial en el periodo citado”, indica la CGR.

 

En ese mismo sentido, según explica el organismo de control fiscal, en los despachos donde fueron ejecutados recursos se observó que estos no cumplieron con las metas fijadas en materia de desacumulación de expedientes.

 

El organismo de control conceptuó como desfavorable la gestión de la entidad y emitió opinión con salvedades de los estados contables, por lo que no feneció la cuenta fiscal de la Judicatura para la vigencia fiscal 2015.

 

Otros hallazgos

 

En desarrollo de esta auditoría, se establecieron siete hallazgos con presunta connotación fiscal por $ 1.716 millones y dos para indagaciones preliminares por $ 1.340 millones, estas últimas por concepto de dobles pagos de nómina y recobro de incapacidades.

 

Se iniciarán procesos de responsabilidad fiscal correspondientes a prescripción de acciones de cobro, sumas liquidadas y pagadas en exceso por conceptos de nómina y pago de intereses por pagos laborales extemporáneos en las direcciones seccionales de administración judicial de Medellín, Cali y Barranquilla, estas últimas derivadas de las conclusiones obtenidas por la Unidad de Auditoría de la entidad.

 

Manejo presupuestal desfavorable

 

A juicio de la CGR, persiste la incapacidad para ejecutar oportunamente los recursos de inversión entregados, “lo que se refleja en recortes de apropiación y constitución de reservas presupuestales”.

 

En el presupuesto de 2015 se aprobaron para esta entidad recursos de inversión por $ 342.015 millones. Sin embargo, agrega la Contraloría, ese monto se redujo $ 92.122 millones (27 %), con lo cual la apropiación definitiva pasó a ser de $ 249.893 millones.

 

Así mismo, detalla que por falta de oportunidad en la aprobación de los planes de inversión y de gestión de las unidades ejecutoras del CSJ a cargo de los proyectos resultaron $ 55.625 millones en reserva presupuestal, con lo cual se excedieron los límites establecidos en la norma presupuestal.

 

Para la vigencia 2015 se produjo "pérdida de apropiación presupuestal" en los recursos de inversión del 16 %, que en valores absolutos es representativo pues asciende a $ 40.331 millones, dado que la apropiación presupuestal fue de $ 249.892.9 millones y los compromisos ascendieron a $ 209.561.6 millones.

 

“Esta situación se debe a la falta de oportunidad y celeridad en las decisiones por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior en la aprobación de los planes de inversión, que generaron que el 79 % de la contratación se realizará en el último trimestre de la vigencia 2015”, puntualiza. (Lea:Número de despachos judiciales debe coincidir con demanda de justicia: López)

 

El recaudo de multas para la vigencia 2015 fue de $ 5.616 millones, que comparado con la cartera depurada por prescripción de $ 5.5 billones solamente equivale al 0,1%, lo que deja clara evidencia de deficiencias en la gestión de jurisdicción coactiva de la entidad, concluye la CGR.

 

Contratos terminados sin liquidar

 

Por otra parte, en la auditoría se estableció que 66 contratos por $ 178.121.6 millones fueron suscritos durante las vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014, actualmente se encuentran terminados y a la fecha no han sido liquidados, por debilidades en los mecanismos de control del proceso de liquidación, situación que no permite dar certeza de cuándo terminan las relaciones jurídicas entre la entidad y el contratista, así como tener de manera clara cuáles fueron las prestaciones que ambas partes ejecutaron, lo que dificulta hacer seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos.

 

Contraloría General, Comunicado, Sep. 15/16

 

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