Cuando se advierta que una persona para el nombramiento o posesión en un empleo público aporta documentación falsa, con el fin de sustentar la información consignada en su hoja de vida, incurrirá en inhabilidad para ejercer funciones públicas por tres años, deberá responder penal y disciplinariamente por el delito de falsedad en documento y procederá la revocatoria del respectivo nombramiento. Así lo precisó el Departamento Administrativo de la Función Pública, en virtud de lo previsto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones encaminadas a erradicar la corrupción administrativa.