Una providencia reciente de la Sección Segunda del Consejo de Estado señala que los docentes que se vincularon a partir del 1° de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, que establecen un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios. Esto quiere decir que los docentes que ingresaron con posterioridad a la fecha señalada “por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador no adquieren el carácter de territorial” (C. P. Sandra Ibarra Vélez).