El Consejo de Estado seleccionó, para su revisión, el fallo de acción popular proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó el amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, supuestamente vulnerados por el cobro del impuesto al alumbrado público mediante la factura del servicio público domiciliario de energía. La Sección Tercera señaló que en vista de que hay dos fallos encontrados sobre este tema, uno que prohíbe dicho cobro a través de las facturas de recaudo y otro que lo permite, la sentencia se llevará a Sala Plena y se unificará la jurisprudencia al respecto (C. P. Mauricio Fajardo).