La Corte Constitucional negó la nulidad de la Sentencia C-141 del 2010, en la que se declaró inexequible la ley que convocaba al referendo para permitir la segunda reelección presidencial (Ley 1354 del 2009). Los demandantes, integrantes del comité de promotores de la iniciativa popular, alegaban que se les endilgó responsabilidad en el fallo, sin haber sido convocados al proceso y sin haber podido ejercer su derecho de defensa. La corporación no estuvo de acuerdo con ello, pues la finalidad de la sentencia no era la de establecer la responsabilidad individual de los integrantes del comité, sino realizar un juicio abstracto de constitucionalidad. De otra parte, la corte negó que existiera prejudicialidad por la investigación y decisiones del Consejo Nacional Electoral, dado que esas circunstancias no sirvieron de fundamento a la decisión adoptada (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).