El pasado 6 de abril, la plenaria del Senado aprobó, en segundo debate, el proyecto que contiene el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad del Ministerio de Defensa o de la fuerza pública. Esta iniciativa define las competencias para determinar la cuantía de la afectación, las causales de impedimento y recusación de los funcionarios de instrucción, el precio que deberá sufragarse por el bien dañado y las reglas generales de la acción administrativa.